135 VIOLACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONTABILIZA LA ONG ESPACIO PÚBLICO EN VENEZUELA EN LO QUE VA DEL AÑO​

A continuación el texto del informe de la ONG Espacio Público sobre la ‘Situación general del derecho a la libertad de expresión e información, enero – abril 2024’:

Durante los primeros cuatro meses del año registramos al menos 68 casos que contemplan 135 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Estas cifras constituyen un incremento del 22% con respecto al total de casos y del 25% con relación al número de denuncias de violaciones recibidas en el mismo periodo de 2023. Esta variación se da en vísperas del proceso electoral presidencial, cuando los esfuerzos del Estado deberían estar orientados a garantizar el acceso a la información, así como la plena labor de los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación. En tal sentido, documentamos 16 casos en enero, 15 en febrero, 21 en marzo y 16 en abril.

La intimidación (41) y las denuncias por censura (36) fueron las violaciones más frecuentes, sumando entre ambas casi dos tercios del total de incidencias registradas. El hostigamiento judicial (19), las restricciones administrativas (18), el hostigamiento verbal (13), las amenazas (5) y los ataques (3)completan la lista de violaciones.

DETENCIONES ARBITRARIAS

Durante el primer cuatrimestre se registraron al menos 18 detenciones por el ejercicio del derecho, lo cual representa un aumento del 260% con relación a las detenciones documentadas en el mismo periodo del 2023. Las víctimas fueron ciudadanos particulares (14); miembros de ONG (2); periodista (1) y trabajador público (1). De acuerdo a la documentación obtenida, al menos 9 de estas detenciones fueron bajo la aplicación de la Ley contra el Odio.

– El 2 de febrero funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del estado Zulia detuvieron al ciudadano e influencer Marcos Caraballo, a quien acusaron de usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita, en Maracaibo, que se viralizó en redes sociales. Junto a Caraballo, los efectivos de Polizulia detuvieron al ciudadano Nerio Antonio Bello, por ser el proveedor del disfraz. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ señaló que la detención ocurrió luego “de una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos católicos”.

– El 5 de febrero el ingeniero jubilado de la estatal Petróleos de Venezuela, Carlos Ramón Salazar, fue reportado como desaparecido tras publicar un video en el que muestra y critica a Alex Saab. Según testigos, fue detenido por “por un cuerpo de hombres vestidos de negro” en Punta de Piedra, en la isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta. Una periodista comentó bajo anonimato a NTN24 que familiares de Salazar eliminaron las publicaciones en redes sociales y que nadie quiere hablar del caso “por miedo”.

– Al menos, cuatro personas fueron detenidas y señaladas de incitación al odio, el 8 de abril, tras difundir un video en donde se cuestiona la gestión del gobernador Jehyson Guzmán, mediante WhatsApp. Las personas arrestadas fueron identificadas como Fanny Cruz, Armando Colina Medina, Liliana Cruz y Adriana Rodríguez. Se conoció públicamente que Fanny Cruz tiene arresto domiciliario, Colina Medina se encuentra bajo régimen de presentación, mientras que Liliana Cruz y Adriana Rodríguez permanecen privadas de libertad.

CIERRE DE EMISORAS RADIALES

En este período registramos el cierre de al menos 13 emisoras de radio en los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Estos cierres forman parte de una política implementada desde el gobierno central para restringir la difusión de opiniones e informaciones a través de este medio, el cual es uno de los que mayor penetración posee en nuestro país. El principal victimario es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien en ocasiones actúa en compañía de cuerpos de seguridad del Estado.

– El 23 de febrero la Conatel ordenó apagar los transmisores de las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM que operaban en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia. Según se pudo conocer, una comisión de la Conatel que visitaba el estado ordenó el cese de transmisiones de las emisoras “luego de una revisión administrativa técnica”. Una fuente que solicitó permanecer en anonimato confirmó que el cierre fue administrativo y que les pidieron los documentos de los medios, aunque ellos alegan estar al día.

– Funcionarios de la Conatel, junto con efectivos militares, cerraron el 8 de marzo la emisora Bendición Stereo 93.9 FM que operaba en la ciudad de Upata, municipio Piar del estado Bolívar usando como argumento que estaba “brillando demasiado”. De acuerdo con la providencia administrativa entregada por la Conatel al director de la emisora, los funcionarios “constataron” que la estación de radio no contaba con “habilitación administrativa ni concesión de uso y explotación del espectro radioeléctrico”.

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Los medios de comunicación (28) y los/as periodistas (27) fueron las principales víctimas. Seguidos por particulares (14), ciudadanía en general (11), ONG/miembros (7), trabajadores públicos (2) y reporteros gráficos (1). En el caso de los/as periodistas, a menudo se ven expuestos/as durante la labor de sus funciones, al ser sometidos/as a hostigamiento y amenazas por funcionarios de seguridad que limitan su movilidad o impiden la cobertura de hechos noticiosos. Mientras que con relación a los medios de comunicación, no solo se han registrado los cierres mencionados anteriormente, sino que también estos han sido objeto de señalamientos por parte de distintos funcionarios del Estado.

– El periodista del medio de comunicación digital la Revista del Tuy, en Miranda, Reneé Herrera, denunció que el 15 de febrero, trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado impidieron una cobertura que hacía en la estación Libertador Simón Bolívar (La Rinconada). Herrera explicó que acudió al lugar para verificar algunas denuncias formuladas por usuarios/as sobre irregularidades en el funcionamiento de este medio de transporte, pero se le impidió hacer fotos y videos. Fue requisado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

– El periodista del medio regional La Verdad de Vargas, Luis López, denunció el 24 de enero que funcionarios policiales estuvieron en los alrededores de su casa ubicada en la parroquia Carlos Soublette del estado Vargas. “Estoy recibiendo la información de que hay funcionarios policiales cerca de mi casa. En este momento estoy haciendo mi trabajo como periodista para La Verdad, no tengo nada que esconder”, dijo López en un video difundido a través de redes sociales. López también denunció que funcionarios policiales y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) pasaron cerca de su casa, a bordo de una moto y una camioneta, y tomaron fotos de su fachada.

– El 25 de marzo, durante el acto de postulación de su candidatura para la elección presidencial de este año, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, intimidó a la agencia española EFE, la francesa AFP y la estadounidense AP. Durante su alocución, que se transmitió por los principales medios públicos y privados, Maduro criticó que las agencias mencionadas “no han cubierto a ningún candidato” entre los más de 10 postulados de distintos partidos, quienes aún así sí han tenido espacios en medios tradicionales afines al oficialismo. “No tienen moral las agencias de Occidente, de Estados Unidos, Europa y de la derecha. Tapan la realidad de Venezuela”, criticó Maduro.

Con respecto a los victimarios, las Instituciones del Estado (35) figuran en el primer lugar, seguidas por los cuerpos de seguridad (22) y por funcionarios (19%). Los simpatizantes del oficialismo (3), desconocidos (2), particulares (2), atacantes informáticos (1), directivos de medios de comunicación (1) y operadora privada (1) completan la lista.

El 44% de los casos se registraron en la web, mientras que un 9% corresponde a la categoría nacional. Distrito Capital (7%), Miranda (4%) y Portuguesa (4%) son los estados con mayor número de situaciones registradas.

MARCO METODOLÓGICO

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.