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LAS SANCIONES DE EE.UU. A VENEZUELA REGRESAN ANTE INHABILITACIÓN DE MACHADO​

María Corina Machado insitió en que será candidata para las elecciones que deben celebrarse este año, pese a que se ratificara su inhabilitación de 15 años para optar por cargos de elección popular. / Fuente: Cuenta X de M. C. Machado.

LAS SANCIONES DE EE.UU. A VENEZUELA REGRESAN ANTE INHABILITACIÓN DE MACHADO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. estableció que toda empresa estadounidense tiene hasta el 13 de febrero para cerrar, si las tuviere, transacciones con la compañía estatal venezolana Minerven.

Es el primer paso específico del retorno de las sanciones económicas de EE.UU. al régimen venezolano. La decisión se dio a conocer este lunes, 29 de enero de 2024, tres días después de que el Tribunal Supremo de Venezuela ratificara la inhabilitación de participar en elecciones a la candidata de la oposición María Corina Machado.

Minerven es la empresa estatal venezolana dedicada a la explotación y comercialización del oro del país sudamericano.

EE.UU. había relajado las sanciones el año pasado, en virtud del Acuerdo de Barbados, en el que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana concertaron, entre otras cosas, elecciones libres en este 2024, con la participación de los candidatos que las organizaciones políticas escogieran.

La oposición desarrolló elecciones primarias en octubre de 2023 y en ellas, Machado alcanzó el 92,5% de las preferencias.

Antes de que se conociera la reinstauración de las sanciones en el campo minero, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que los gobernantes de Venezuela «tienen hasta la primavera para honrar sus compromisos. Tienen decisiones que tomar antes de que nosotros midamos qué decisiones tomaremos». 

El delegado del régimen de Maduro en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, aseguró que «si hay alguna acción agresiva (de EE.UU.), nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica».

MACHADO INSISTE EN SU CANDIDATURA

En los planes de Machado y su organización política no consta un posible remplazo. Pese al veto, ella mantiene su intención de participar en las elecciones en representación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales», aseguró Machado.

Machado había sido inhabilitada por la Contraloría General, en junio del año pasado. Esa entidad decidió que ella no podía participar en elecciones por 15 años. Tras la firma del Acuerdo de Barbados, que plantea elecciones libres, Machado pidió al Tribunal Supremo que aclarara si seguía pesando sobre ella la inhabiltiación. La solicitud fue resuelta con resultado desfavorable para Machado.

Un posible sustituto hubiese sido Henrique Capriles. Pero sobre el opositor, dos veces candidato presidencial, también recae un veto de 15 años durante los cuales no puede postularse a cargos de elección popular. La ratificación de las inhabilitaciones de Machado y Capriles se promulgaron el mismo día, el pasado viernes 26 de enero.

LO QUE EE.UU. HABÍA CONCEDIDO

Levantar las inhabilitaciones a los políticos de la oposición eran parte de las exigencias que EE.UU. había planteado a Venezuela para relajar las sanciones a ese país. También se pedía, entre otras cosas, la liberación de presos políticos y presos estadounidenses, detenidos injustamente a los ojos de Washington.

Ante la consecución del Acuerdo de Barbados, EE.UU. flexibilizó las sanciones económicas, especialmente las referidas a los límites que había impuesto a las ventas de gas y petróleo venezolano.

En función de los acuerdos que se venían dando entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, EE.UU. también liberó al polémico Alex Saab, quien de inmediato fue integrado al equipo de alto nivel del gobierno de Maduro. Venezuela, por su parte, dejó en libertad a presos estadounidenses y venezolanos.

El deterioro de las relaciones empezó hace unas semanas cuando tres dirigentes del partido de Machado fueron detenidos, acusados por la fiscalía (dirigida por un exfuncionario chavista) de ser parte de un complot contra Maduro, quien denunció que había un plan para matarlo.

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