ESPAÑA: LOS SEPARATISTAS CATALANES BLOQUEAN DOS LEYES IMPORTANTES, EL GOBIERNO TIENE LAS MANOS ATADAS​

Por Maciej Stasiński / Gazeta Wyborcza

Las derrotas parlamentarias en asuntos clave -el presupuesto y la reubicación de los refugiados africanos de las Islas Canarias- han demostrado hasta qué punto el Gobierno español ha caído presa del chantaje de los separatistas catalanes. Sin sus 14 votos en el Parlamento, el equipo de Pedro Sánchez tiene las manos atadas.

Las derrotas del Gobierno en el Parlamento el martes fueron por cuestiones de principios. En la primera, sobre las reglas que determinan el déficit asumible por el Estado y las 17 autonomías en los presupuestos del año que viene. Y en la segunda, la reubicación solidaria entre las regiones de miles de jóvenes refugiados e inmigrantes africanos hacinados en condiciones cada vez más precarias en campamentos de las Islas Canarias. Ambos proyectos fueron rechazados por el Parlamento en Madrid por 178 votos a favor y 171 en contra.

Toda la oposición -el Partido Popular, de centro-derecha, y Vox, de extrema derecha- estaba en contra, pero la derrota del Gobierno estuvo determinada por los votos de siete diputados de su actual aliado, el partido separatista catalán Junts per Catalunya. Su presidente es Carles Puigdemont, huido al extranjero hace seis años.

Los separatistas se han negado a apoyar al Gobierno porque exigen la soberanía fiscal y tributaria para Cataluña, un estatus especial privilegiado contrario al principio sistémico de solidaridad entre regiones más ricas y más pobres. También se niegan a aceptar refugiados porque consideran que Cataluña no puede permitírselo.

El portavoz de los separatistas, el eurodiputado Josep Cruset, esperó hasta el último minuto antes de la votación para anunciar su posición durante las nueve horas de debate, y luego anunció que a su partido no le importaba España, sino sólo Cataluña. Cruset declaró que su club vota únicamente en interés de Cataluña y «nunca apoyará nada que prolongue la “desventaja financiera histórica” de la región».

“El Gobierno español debe entender que siempre defenderemos los intereses de Cataluña”, afirmó.

Ahora, para salvar el nuevo presupuesto y desplegar a los refugiados en las ciudades españolas, el Gobierno tendrá que ceder una vez más ante los catalanes, aunque éstos sigan demostrando que sus reivindicaciones no tienen fin y que el objetivo es separar la región de España.

De momento, para mantenerse en el poder, el Gobierno en minoría de Pedro Sánchez ha indultado a más de una decena de separatistas condenados por intentar separar Cataluña de España en 2017, ha eliminado del Código Penal los delitos por los que ingresaron en prisión y hace unos meses impulsó, a su dictado, una amnistía para todos los participantes en el golpe y en el movimiento separatista que habían sido juzgados o estaban pendientes de sentencia. La amnistía también allana el camino para el regreso del fugitivo ex Presidente del Gobierno catalán Puigdemont, que quiere volver a gobernar la región.

Los socialistas, que gobiernan España, no quieren dejarle acceder a la presidencia del Gobierno en Barcelona, ya que son ellos quienes ganaron las elecciones locales por un estrecho margen y quieren un gobierno de coalición con el otro partido nacionalista, Esquerra Republicana.

Sin embargo, tras ganar la amnistía, los dos partidos catalanes exigen ahora nuevas concesiones al Gobierno de Sánchez, es decir, el derecho a un referéndum de independencia en Cataluña (imposible según la Constitución) y un estatus constitucional especial, es decir, soberanía fiscal y financiera. Si el presidente del Gobierno español no se lo concede, los nacionalistas, que cuentan con un total de 14 diputados en las Cortes españolas, le retirarán su apoyo tanto en el Parlamento de Barcelona como en el de Madrid. También amenazan con que no dudarán en repetir un intento unilateral de secesión de Cataluña, como en 2017.

SÁNCHEZ TAMBIÉN ESTÁ SIENDO PERJUDICADO POR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN Y LAS ACUSACIONES CONTRA SU ESPOSA

El presidente del Gobierno, Sánchez, también lucha por un respiro en otro frente. Un juez de instrucción acaba de citarle a declarar como testigo en la investigación contra su esposa Begonia Gómez por sospechas de corrupción y uso de influencias en el Gobierno para obtener beneficios económicos.

Desde hace dos meses, los medios de comunicación españoles detallan nuevas revelaciones sobre el caso. Escriben que Gómez habría obtenido una cátedra en la Universidad de Madrid sin tener título académico (el vicerrector de la universidad declaró ante el juez que así se lo ordenaron), y que, a cambio de apoyo financiero, ella habría gestionado contratos públicos millonarios, subvenciones e incluso el rescate concursal de empresarios amigos.

Gómez ya se ha negado dos veces a dar explicaciones. El presidente del Gobierno también se niega a hacerlo, al tiempo que califica las informaciones de los medios de comunicación de «diluvio de lodo mentiroso e inmundo». Ahora que ha sido llamado a declarar por un juez, intenta sabotear la investigación. A través de ministros y diputados socialistas, está desautorizando al juez, afirmando que quiere destruirle y calificando la propia investigación de maniobra política. También ha dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que impugne su citación como testigo.

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Este artículo se publicó originalmente en Gazeta Wyborcza, con cuya autorización reproducimos aquí.

Lea en este enlace, el texto original en polaco.