79 ATAQUES A LA PRENSA INDEPENDIENTE DESPUÉS DE LAS PRESIDENCIALES DEL 28J EN VENEZUELA, SEGÚN IPYS
Tomado del sitio web de Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela
En tan solo una semana, entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, IPYS Venezuela registró 79 vulneraciones a la libertad de prensa, comprendidas en 62 casos relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país. Esta documentación es alarmante, debido a que pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela.
La cobertura periodística del proceso electoral se tornó más riesgosa cuando la atención de la opinión pública se concentró en las manifestaciones ciudadanas en contra de los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro y, mucho más, cuando muchas de estas protestas fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Altos funcionarios del oficialismo emitieron señalamientos contra la prensa independiente y equipararon la cobertura periodística de las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales con delitos graves como incitación al odio.
Las violaciones documentadas incluyen agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1). Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a las personas periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal.
Trujillo fue la entidad con más casos denunciados (6), con agresiones a periodistas durante coberturas en la calle y mensajes estigmatizantes por parte del gobernador y un alcalde, seguida por el Área Metropolitana de Caracas (3). Los demás incidentes ocurrieron en Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia (con dos cada uno), y en Anzoátegui, Apure, Barinas, Mérida, Miranda, Portuguesa y Yaracuy (uno en cada uno). Asimismo, en entornos digitales y transmisiones nacionales de televisión se registraron 25 hechos, 13 de ellos vinculados a comentarios y campañas de descrédito y criminalización contra quienes informan.
Estas violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, así como dos periodistas y dirigentes políticos, de los cuales 37 son hombres y 23 son mujeres.
Los principales responsables estatales de estas vulneraciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado, implicados en 20 casos, principalmente en detenciones. Les siguen actuaciones de las gobernaciones y sus dependencias (6) y las alcaldías y sus dependencias (4), con mensajes estigmatizantes contra la prensa. Otros victimarios fueron las personas no identificadas y desconocidos en las redes sociales, con 12 casos, así como los proveedores de internet, responsables de seis bloqueos a sitios web.
DETENCIONES ARBITRARIAS
La detención arbitraria de periodistas es especialmente preocupante. Cuatro trabajadores de la prensa fueron encarcelados por cubrir protestas: dos camarógrafos, un reportero y una reportera gráfica en los estados de Barinas, Trujillo, Guárico y Miranda, respectivamente.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el camarógrafo Yousner Alvarado, de Noticia Digital, detenido en Barinas el 29 de julio, fue presentado e imputado por delitos de terrorismo. El 1 de agosto, se esperaba que Paúl León, camarógrafo de VPItv detenido el 30 de julio en Valera, Trujillo, fuera imputado mediante audiencia telemática.
El reportero Joaquín de Ponte, arrestado el 30 de julio por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Juan de Los Morros, estado Guárico, fue liberado esa noche.
El 2 de agosto, funcionarios de la Policía del estado Miranda se llevaron detenida a la reportera gráfica Deysi Peña en Los Teques. El SNTP informó que a las 3:00 p.m. la fotógrafa se encontraba en el módulo de la PNB de la Cortada del Guayabo y fue detenida por fotos que hizo durante la protesta realizada el 30 de julio en Carrizal y que publicó en redes sociales. De acuerdo con la organización Sin Mordaza, a Peña se le realizó la audiencia preliminar el 4 de agosto y está siendo señalada por delitos de terrorismo.
Ese mismo día, el periodista y activista del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, fue arrestado nuevamente, lo que subraya la persecución continua contra figuras críticas del gobierno. De acuerdo con un reporte de la organización Espacio Público, el 3 de agosto sujetos encapuchados, presuntamente pertenecientes a la Dirección de Contrainteligencia Militar, detuvieron al periodista y activista político José Gregorio Camero en Valle de la Pascua, en Guárico, luego de una manifestación de la oposición en esa localidad.
AGRESIONES E INTIMIDACIÓN
Según los registros de esta organización, 19 trabajadores de la prensa fueron agredidos físicamente o amedrentados durante coberturas de manifestaciones públicas.
En Caracas, el 29 de julio, efectivos de la PNB lanzaron bombas lacrimógenas al reportero Rafael Espejo, del medio digital Caricuao en Positivo, cuando cubría las manifestaciones en esa parroquia en Caracas. Al identificarse como periodista, fue impactado en el tobillo por una segunda bomba.
Por otra parte, durante la cobertura de una protesta ciudadana en Carabobo el lunes 29, el periodista y el camarógrafo de una agencia internacional en la entidad fueron intimidados por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia. El comunicador, Randolfo Blanco, y su videógrafo, José Ángel Rodríguez, estaban en el módulo de la policía ubicado al frente del Periférico La Candelaria. El camarógrafo registró el momento en el que una de las personas que protestaban fue herido por arma de fuego, lo que propició que los funcionarios se acercaran de forma agresiva y le arrebataron los equipos de la mano, para después intentar llevarse detenido a Rodríguez.
Al percatarse de lo que sucedía, Blanco se acercó a los uniformados para mediar y les explicó que estaban trabajando, los funcionarios les dijeron que no sabían que eran prensa, devolvieron los equipos y no detuvieron al camarógrafo. “Le arrebaté los lentes y equipos a un policía. Agarré a José Ángel que se lo iban a llevar y después ellos nos dejaron ir”, relató el periodista.
Los actos de amedrentamiento también fueron realizados por civiles armados. En Falcón, sujetos desconocidos apuntaron con armas de fuego al periodista Javier Reyes, del medio digital NotiFalcón, el 30 de julio cuando se trasladaba en su carro por sectores de Coro. Desde su carro, Reyes intentaba grabar el momento en el que los sujetos atentaban contra un grupo de personas. El reportero dejó de filmar y salió del lugar en su vehículo.
CENSURA IMPUESTA
La censura previa fue otro de los mecanismos que limitaron la labor periodística. En varias regiones del país, Amazonas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Monagas y Trujillo, además se confirmaron órdenes de censura atribuidas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que advertían a las emisoras que podían perder su concesión o ser multadas por transmitir noticias sobre las protestas.
Al igual que la estrategia aplicada en octubre de 2023 en el marco de la elección primaria, a través de WhatsApp comenzó a circular el siguiente mensaje, que solo varía en el nombre de funcionario encargado del ente regulador en cada región: “Siguiendo instrucciones de nuestro Director General G/D Jorge Eliéser Márquez Monsalve. Se les informa lo siguiente: Prohibición de transmisión de noticias que infrinjan elementos clasificados de violencia so, pena de multa o retiro de concesión. Comisión Nacional de Telecomunicaciones”. Como consecuencia de esta medida, se pudo constatar la suspensión de programas informativos y de opinión como una manera para proteger a los medios y a los trabajadores.
DEPORTACIONES DE ENVIADOS ESPECIALES
Al menos 11 trabajadores de la prensa extranjera han sido deportados de Venezuela desde el jueves 25 de julio.
A su ingreso al país, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fueron detenidos, interrogados y finalmente deportados: Jorge Pizarro, argentino, de Radio Rivadavia, el 25 de julio; Gloria Vannesa De La Torre Sanclemente y Andrea Carolina Trinidad Cabulla, colombianas, de Caracol Radio, el 27 de julio; Marco Bariletto e Ivo Bonito, italianos, de RaiNews, el 1 de agosto; y Álvaro Nieto, español, de The Objective, el 3 de agosto.
Luego de entrar al país fueron detenidos, interrogados y finalmente deportados: Cake Minuesa, español, de OK Diario, el 29 de julio, e Iván Núñez y José Luis Tapia, chilenos de Televisión Nacional de Chile, el 2 de agosto.
ATAQUES EN LÍNEA
En entornos digitales, 24 periodistas fueron amenazados, criminalizados o atacados mediante campañas de estigmatización o comentarios en redes sociales. El uso de discursos estigmatizantes y campañas de descrédito contra periodistas no solo vulnera su derecho a trabajar en condiciones seguras, sino que crea un clima de miedo y autocensura. Estos ataques son aún más graves cuando los responsables de estas violaciones son figuras de autoridad, pues envían un mensaje de impunidad y normalización de estas prácticas.
En el estado Carabobo, 12 periodistas fueron objeto de una campaña de estigmatización a través de imágenes difundidas en WhatsApp desde una alcaldía oficialista. Estos mensajes criminalizaban su labor informativa sobre las manifestaciones en la entidad.
Periodistas en otras regiones también fueron amenazados por desconocidos a través de llamadas y mensajes directos, para disuadirlos de seguir publicando información vinculada a protestas ciudadanas en los medios en los que trabajan y en sus cuentas de redes sociales.
Los ataques en la red además limitaron la difusión de información. Entre el 29 de julio y el 4 de agosto, se registraron seis bloqueos contra sitios web. El acceso a los portales del medio digital Versión Final, de Zulia, y de The Wall Street Journal, fue restringido el 8 de agosto por los principales proveedores de internet en el país. Entre el 30 y el 31 de julio, las operadoras también bloquearon tres sitios web promovidos por María Corina Machado y Edmundo González para consultar las actas de la votación presidencial. Estas limitaciones son un claro ataque a la libre circulación de información.
ACCIONES GUBERNAMENTALES
El presidente Nicolás Maduro ordenó el 30 de julio la creación de una comisión especial para que la Asamblea Nacional asuma “el proceso de defensa (…) de la violencia en medios de comunicación y redes sociales”. Esta medida puede interpretarse como un intento de controlar y limitar aún más la libertad de expresión en el país.
Gobernadores y alcaldes del oficialismo se han sumado a un coro de amenazas contra la prensa independiente. Como se señaló antes, Trujillo es el estado de Venezuela que sumó más agresiones a la prensa; precisamente, la entidad federal donde el discurso estigmatizante contra el periodismo independiente ha sido especialmente explícito.
El 2 de agosto, durante la emisión de su programa radial, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, criminalizó el trabajo informativo de medios locales. “Por ahí hay panfletos digitales todo el tiempo en contra del gobierno (…) pero estamos revisando, porque entre las cosas que saca ese periódico o panfleto digital hay cosas de instigación al odio. Yo lo quiero ver también frente a los tribunales”, dijo la autoridad regional.
Ese mismo día, el alcalde del municipio Boconó, Alejandro García, arremetió discursivamente contra la emisora Boconesa 107.3 FM durante su discurso en una concentración. “La emisora Boconesa es una emisora golpista y cómplice (…). Cobardes. Fascistas y golpistas es lo que son”, dijo García.
Señalamientos similares se documentaron en los estados Bolívar y Portuguesa.
En declaraciones durante una rueda de prensa el 31 de julio, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, amenazó con aplicar “todo el peso de la ley” “no solamente a los que estén en el campo de batalla, sino los que estén promoviendo el odio desde los medios o desde las redes sociales”.
El gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, ofreció declaraciones el 31 de julio en las que amenazó a medios digitales: “Seguimiento permanente a los portales de redes sociales que están incitando al odio. Ellos también están en el ojo del huracán. Una cosa es informar y otra cosa es incitar al odio con lo que se publica”, dijo el mandatario regional.
El diario Última Hora, de esta entidad centroccidental, anunció su cierre el 1 de agosto para “salvaguardar la integridad física de periodistas y trabajadores”, tras declaraciones del gobernador Cedeño.
LISTAS DE PERSEGUIDOS
Las listas de personas que presuntamente serían detenidas por su participación en las manifestaciones de protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyen personas periodistas, de acuerdo con información verificada por esta organización.
En general, el primer desafío para los periodistas afectados es verificar el origen de las listas y la autenticidad de la amenaza, pues es probable que correspondan a estrategias de desinformación. Sin embargo, este tipo de amedrentamiento tiene un efecto inmediato, pues distrae los esfuerzos para hacer una cobertura informativa de la actual coyuntura y suele causar autocensura.
Los distintos procedimientos que se ejecutan para atacar a la prensa independiente en este contexto postelectoral se aplican simultáneamente, pero el objetivo es el mismo: censurar. La inclusión de periodistas en listas de perseguidos también puede causar desplazamientos forzados de profesionales de la comunicación social, que se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia y resguardarse en otros entornos más seguros.
Los señalamientos públicos de altos funcionarios nacionales y regionales en contra de la prensa fundamentan el temor de los periodistas a ser víctimas de detenciones arbitrarias, en la medida en que no están ajustadas al debido proceso, como ha ocurrido con dirigentes políticos, activistas por los derechos humanos, así como ciudadanos y ciudadanas.
Tal como lo indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, las personas a las que el Ministerio Público responsabiliza de participar o aupar las manifestaciones antigubernamentales —entre ellas, periodistas— serían imputadas por delitos que acarrean prisión y que, por su gravedad, no admiten libertad condicional.
En el caso de que a las personas que figuran en las listas de perseguidos se les aplique la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la situación es más apremiante, pues serían puestas a la orden de tribunales con competencia nacional cuyas sedes están en Caracas. Ello implica el riesgo de encarcelamiento en centros de reclusión distantes a los sitios de residencia de las personas detenidas, con lo cual se dificulta más el ejercicio del derecho a la defensa.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Ante amenazas de detención y/o agresiones físicas por funcionarios de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares afines al oficialismo, IPYS Venezuela constató que personas periodistas se han visto obligadas a abandonar sus residencias y trasladarse a otros lugares para resguardar su integridad física y su libertad. Esta situación constituye un desplazamiento forzado que, en algunos casos, ha implicado la movilización de las personas amenazadas fuera de su ciudad o de su estado.
Los casos de desplazamiento forzado registrados por esta organización en el contexto de persecución desarrollada por el oficialismo, sobre todo después del 28 de julio, tienen graves implicaciones:
1. Las personas periodistas deben poner en segundo plano su labor informativa, pues la prioridad es preservar su integridad y su libertad personal. Ello merma la cobertura periodística, en términos de cantidad y calidad y, en general, coadyuva a la censura y la autocensura.
2. El desplazamiento forzado de periodistas les aleja de sus entornos personales y profesionales, así como de las fuentes informativas. Por medidas de seguridad, sus comunicaciones telefónicas o digitales se restringen, pues las amenazas, precisamente, suelen expresarse por estas vías. En casos de riesgo extremo, las personas afectadas pueden quedar parcial o totalmente incomunicadas y aisladas.
3. El desplazamiento forzado por amenazas a la integridad y libertad de periodistas se puede extender a familiares de periodistas, como en efecto lo ha documentado IPYS Venezuela, de modo que aumentan los apremios de tipo logístico, económico y emocional.
Las acciones de intimidación, censura y criminalización contra la prensa crítica en Venezuela son una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Esta organización exige respeto y protección para quienes informan, y reafirma su compromiso de continuar monitoreando las limitaciones que enfrentan los periodistas en el país. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
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Este artículo se publicó originalmente en el sitio web del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, institución sin fines de lucro.
