DESARMAR LA DICTADURA​

Publicado originalmente en Perfil (Argentina)

Si en cualquier país la central de campaña de un candidato consigue bastantes actas electorales y se proclama triunfador, pocos analistas serios y países neutrales lo reconocerán. Hacer un escrutinio paralelo es una buena jugada para mantener el entusiasmo de los militantes, pero poco eficiente en la realidad. En todos los países, aunque sean dictaduras, hay instituciones y leyes que determinan cuáles son las autoridades que pueden declarar vencedor a un candidato, y los pasos que deben seguir para hacerlo, entre los que están procesar toda la información y publicarla para que pueda ser analizada y cuestionada. Pero en Venezuela no existen autoridades electorales neutrales. Éste ha sido un simulacro de la dictadura con la principal candidata de oposición proscrita y perseguida. No se celebraron elecciones libres ni se ve una salida realista. Quienes analizamos profesionalmente la política debemos pensar con profundidad para ayudar en la tarea.

En Venezuela la Constitución establece que el único organismo que puede proclamar los resultados es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que con el 96,86% de las actas, dio como ganador a Maduro con 6.408.844 votos, frente a 5.326.104 de González Urrutia. El Consejo, obligado a exhibir toda su información, no lo hace aunque lo exigen la mayoría de países del mundo.

La oposición creó una página web donde subió copias de las actas de votación que obtuvo y dijo que, en ese escrutinio González Urrutia sumaba 7.156.462 votos, frente a 3.241.461 de Maduro. Tenemos un dato oficial sin credibilidad y un dato parcial que parece más real, pero no tiene fuerza legal.

Mantener la oposición a una dictadura como ésta es un acto heroico, pero no hay sustento legal para que los resultados proclamados por el comité de campaña de un candidato pesen más que los oficiales.

El Consejo Electoral (CNE), no es independiente, obedece a la dictadura. Su presidente, Elvis Amoroso, fue diputado chavista y como Contralor General de la República inhabilitó a la candidatura de María Corina Machado, obedeciendo a Maduro. La mayoría de sus miembros son incondicionales de la dictadura. No se puede creer en lo que dicen.

La instancia superior a la que se puede recurrir es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrada por magistrados chavistas que fueron legisladores o funcionarios de la dictadura, y ahora son jueces. El propio Maduro apeló a la Corte para que revise los resultados con los que había triunfado, diciendo que la oposición pretendía dar un golpe de Estado, al proclamar ilegalmente otros resultados.

La presidenta del TSJ y de la sala electoral es Caryslia Rodríguez, exconcejal y alcaldesa encargada de la capital elegida por el chavismo. Todos sus miembros fueron nombrados por la dictadura. Obviamente, dieron la razón a Maduro y procedieron a enjuiciar a los líderes opositores por arrogación de funciones.  

La Revolución Bolivariana lleva 20 años en el poder, usó los recursos de uno de los países más ricos de América para  impulsar un proyecto delirante que lo llevó a la ruina, pero dejó armada una estructura formidable.

En tiempos de Chávez se armaron las Misiones, organismos dedicados a regalar dinero con distintos pretextos. Años de dádivas pusieron la base para que existan las desproporcionadas fuerzas armadas bolivarianas y una burocracia militante con privilegios.  

Si solo se consigue que algunos países reconozcan como presidente al candidato de la oposición, puede repetirse la experiencia de Juan Guaidó, al que algunos extranjeros consideraron presidente entre 2019 y 2023, pero nadie le hizo caso en el país.

Ésta no es una dictadura como las antiguas, es el gobierno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformada por el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana.

Venezuela tiene dos mil almirantes y generales, el doble que el ejército norteamericano, y más que los oficiales de ese rango de todos los países de la OTAN. Sin contar con los integrantes de la milicia, las FANB tenían en el año 2020; 343 mil efectivos, más que los 341 mil de las fuerzas armadas de México.

Las Fuerzas Armadas controlan directamente empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, las aduanas y doce ministerios, incluidos los de Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio.

Hacen gala de su politización: su lema es “¡Patria, socialismo y vida!” y su saludo oficial “¡Chávez vive!”. Si González Urrutia llegara al Palacio Nacional, le recibirían con esa bienvenida.

Además de las ramas castrenses usuales, las FANB tienen dos inspiradas en el esquema iraní. Una es la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo integrado por 23 mil efectivos, con un brazo naval y un Comando Aéreo. Como los guardianes de la Revolución persas, son una organización armada partidista que maneja a grupos paramilitares llamados “colectivos” para realizar las tareas más sucias. En 2014 y 2017 la Guardia reprimió las protestas de la oposición. Murieron nueve de sus miembros y más de mil manifestantes.

Más allá de la Guardia, está la quinta rama de la fuerzas armadas, la Milicia Bolivariana, que según dijo Maduro tiene 3,7 millones de efectivos. Sus miembros son militantes del partido armados, que pertenecen a las fuerzas armadas. Manejan la producción de alimentos y realizan actividades agrícolas. Muchos de sus  integrantes viven en los barrios más humildes de Caracas como Catia o El Valle. Cuatro veces al mes reciben instrucción militar y, el resto del tiempo realizan las actividades, decididas por su comando.

Son parte de la milicia los Cuerpos Combatientes, formados por trabajadores de instituciones y empresas públicas o privadas.

La Milicia usa el uniforme de las FF.AA., tiene fusiles, ametralladoras, morteros y cañones 106 mm sin retroceso, y otros equipos bélicos. Existe para defender a la Revolución de sus enemigos internos y externos.

Sus miembros tienen patente de corso para cometer todo tipo de delitos, dos millones de ellos cuentan con vehículos sin placas, para facilitar sus actividades delincuenciales.

A nivel internacional, países como Rusia, China, Irán, apoyan incondicionalmente a Maduro. No les interesa la democracia, nunca la experimentaron, tienen intereses geopolíticos concretos en la región.

En América apoyan incondicionalmente al gobierno militar sus principales beneficiarios: Cuba, Nicaragua y los países del ALBA, quienes reciben combustibles gratuitos o subsidiados. Quebrarían si llega un gobierno que defienda los intereses de los venezolanos.

Otros gobiernos han reconocido al candidato opositor, gesto emocionante, pero inútil. Esos países van a quedarse en las gradas como barras bravas que gritan en contra de Maduro, pero no podrán incidir en la realidad.

El gobierno de Estados Unidos apoya la mediación liderada por Brasil, Colombia, Chile y México para superar la crisis. Están gobernados por políticos con experiencia, que saben negociar y en vez de gritar pueden buscar una salida realista, lo menos cruenta posible.

La izquierda pensante tuvo siempre una difícil relación con el chavismo. Solo quienes recibieron valijas de dinero fueron incondicionales de la dictadura.

Gabriel Boric expresa a esa izquierda. Dijo: “no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude; si no, hubiesen mostrado las famosas actas”. Reiteró que Chile solo reconocerá resultados verificados por organismos internacionales independientes. El canciller venezolano, Gil, le respondió que “Gabriel Boric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista”. Nuevas teorías políticas nacidas al calor del Caribe y lejos de las bibliotecas.

Es difícil de imaginar que alguien educado, militante de izquierda, pueda respaldar a un señor que ha instruido a las fuerzas armadas que maten y violen los derechos de los opositores.

Para desarmar la dictadura venezolana no es suficiente lograr que algunos países reconozcan como presidente a un candidato autoproclamado. El país está ocupado por millones de militantes ideologizados, armados, que controlan el Congreso, la Justicia y las instituciones.

Es difícil pensar que la salida sea una intervención militar extranjera. Mientras los países democráticos tienen limitaciones e intereses que limitan sus acciones, Cuba ya tiene tropas en Venezuela para defender su petróleo subsidiado.  Una invasión norteamericana tendría un rechazo general, puede fracasar por la demagogia antiimperialista usual en la región. Es irreal esperar que se forme una fuerza de intervención latinoamericana.

Las Naciones Unidas no aprobarán ninguna Resolución que haga daño a la tiranía, porque Rusia y China son miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto y no lo permitirán. La OEA no puede hacer nada porque Venezuela no es miembro de la organización desde hace bastantes años.  

La lucha de los venezolanos no será eterna. Los estudiosos de la política sabemos que las rebeliones intensas duran poco. El aislamiento de Venezuela la puede conducir a los brazos de Rusia e Irán, los gobiernos más reaccionarios del mundo, a los que les sobra un petróleo mejor que el venezolano, pero quieren poner sus bases cerca de los Estados Unidos.

No se ve que exista una solución para controlar el país, si no se dividen las Fuerzas Armadas y se realiza una tarea compleja para desmontar toda esta maquinaria antidemocrática. Hay que suponer que la oposición tiene un equipo estratégico que maneja la comunicación, no solo para ganar los comicios, sino también para motivar a los disidentes, que siempre existen, para ayudar a la reinstauración de un gobierno democrático.

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JAIME DURÁN BARBA es profesor de la George Washington University, consultor político. Miembro del Club Político Argentino.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Perfil, de Argentina. Se reproduce aquí con autorización de su autor.