LA ONU PIDE AL MISMO GOBIERNO DE MADURO QUE INVESTIGUE LOS CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Por EditoRed
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, que es parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, exigió al régimen de Nicolás Maduro dos cosas. Dicho gobierno, dijo la Misión en un comunicado de este lunes 12 de agosto de 2024, “debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio”. Y, además, debe “investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.
La Misión fue clara en decir que en Venezuela se ha desatado una “feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado”.
Y pone cifras: “la Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
Dice que luego de analizar datos de organizaciones defensoras de derechos humanos puede concluir preliminarmente que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. “La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%)”. Y agrega que “datos anunciados por el Fiscal General de la República elevan la cifra a 2.200 personas, calificadas de manera indiscriminada como ‘terroristas’, que han sido detenidas”.
La Misión resalta como un asunto especialmente preocupante las detenciones “de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas”. Encima, estos menores de edad “no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales”.
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
No son las únicas violaciones al debido proceso. La Misión precisa que ha registrado elementos comunes en las detenciones qu se han producido en Venezuela, “que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia”. ¿Cuáles elementos? Se destacan estos:
– Audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar.
– Imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada.
– Negación de información a familiares o información tardía e incompleta
– Impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
En el comunicado consta lo que Marta Valiñas, presidenta de la Misión, considera que debe ocurrir ante estos datos: “Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”.
Sin embargo, esas acciones de justicia las deberían llevar a cabo los organismos dirigidos por personas que son cercanas a aquellas sobre las cuales pesan las acusaciones de violación de derechos humanos. Es abiertamente conocida la cercanía ideológica y partidista entre el Régimen y el poder judicial venezolano.
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DICE QUE MONITOREA LA SITUACIÓN
El organismo de Justicia que tiene un espacio de acción autónoma para investigar la represión en Venezuela es la Corte Penal Internacional. Karim Khan es el fiscal de esa institución llamada a procesar los casos de violación de derechos humanos donde quiera que se produjeren.
Khan, también hoy, emitió un mensaje a periodistas en el que dijo que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
Khan afirmó que su oficina “se ha puesto en contacto con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el Estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”.
Según recuerda el portal Infobae, la CPI tiene una investigación en curso sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el gobierno en Venezuela en 2017, durante protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas, pero hasta ahora no ha solicitado ninguna orden de arresto.
El medio explica que “Khan anunció a finales de 2021 que abría la investigación tras una larga indagación preliminar y una remisión oficial -una solicitud para investigar- en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú”.
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