JEFA DEL COMANDO SUR DE EE.UU IRÁ A ECUADOR, PAÍS QUE RESTRINGIRÁ EL INGRESO DE EXTRANJEROS
La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU., llegará a Ecuador, en una fecha aún no revelada hasta este viernes, 12 de enero de 2024.
A ella la acompañarán altos cargos del departamento Antinarcóticos y de la diplomacia del gobierno de Joe Biden. Se trata del encargado de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson, y el subsecretario adjunto para el Cono Sur, Kevin Sullivan.
El portavoz del Departamento de Estado, Mathew Miller, señaló en un comunicado que el gobierno de Biden trabajará con Quito para estrechar su cooperación «en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad».
El Gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un conflicto armado interno ante la ola de atentados terroristas que se presentaron a inicios de semana. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa estableció que 22 bandas delictivas pasaban a ser consideradas terroristas. De esa manera, se facultó a las Fuerzas Armadas a tomar el control de la lucha contra esos grupos y convertirlos en objetivos militares.
En una entrevista en FM Mundo desarrollada este jueves, Noboa especificó que Ecuador está trabajando con 38 naciones que brindarán asistencia internacional y que ya ha aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos.
El gobierno argentino de Javier Milei había mencionado estar dispuesto a enviar tropas de seguridad a Ecuador para ayudar en la lucha contra las bandas oficialmente consideradas terroristas. Aún no se conoce detalles de ese contingente ni cuándo arribará al país.
En aquella entrevista radial, Noboa dijo: “Necesitamos apoyo militar en fuerzas de personas, de soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”. Un día antes, el miércoles, Noboa aseguró que Ecuador se encuentra “en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas”.
APOYO EN INTELIGENCIA
El portavoz Miller explicó que Washington enviará también a Quito personal que ayude a las autoridades ecuatorianas a conducir las investigaciones contra los criminales. «Estados Unidos aumentará el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir los delitos cibernéticos y la asistencia para implementar reformas penitenciarias», aseguró.
En tiempo reciente, el FBI ha apoyado a la Fiscalía General del Ecuador en la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en plena campaña electoral, el 9 de agosto de 2023.
BRASIL TAMBIÉN OFRECE AYUDA
Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal de Brasil, informó en una entrevista con la agencia EFE, que la institución se puso a disposición del gobierno ecuatoriano para ayudar a mitigar la ola de violencia que se ha desatado.
Rodrigues dijo que la idea es lograr “un gran entorno de cooperación en América”. Por eso también ofreció el apoyo de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), de la que es su secretario ejecutivo.
“Mucho más que las armas y las municiones, es importante la inteligencia”, aseguró Rodrigues, quien también indicó que desde octubre pasado un policía ecuatoriano está en el Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI) de Río de Janeiro, lo que permite un intercambio fluido de informaciones, aseguró.
MOLESTIA EN RUSIA
El embajador ruso en Quito, Vladímir Spinchan, dijo que sería considerado por su gobierno “un paso poco amistoso” si se concreta lo que había informado el presidente Noboa en días pasados: que intercambiará con Estados Unidos «chatarra ucraniana y rusa por USD 200 millones en equipamiento moderno».
Noboa dijo el martes pasado que ese intercambio se concretará a finales de este mes.
Sprinchan dijo que EE.UU. no necesita ese armamento. Agregó que el equipo militar de fabricación rusa «lo necesitan los que saben manejarlo». Rusia considera que, de darse, este paso constituye una violación a la postura de neutralidad que había sido declarada por Noboa.
RESTRICCIÓN EN LAS FRONTERAS
Mientras dure el estado de emergencia y el reconocimiento de la existencia en Ecuador de un conflicto armado interno el gobierno ecuatoriano exigirá a todo extranjero que ingrese por las fronteras con Colombia y Perú un certificado de antecedentes penales.
El decreto que estableció el estado de emergencia indica que durará 60 días.
El Ministerio del Interior de Ecuador dijo que la medida procura «evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública».
Ecuador considerará válidos solo los certificados que estén “debidamente apostillados”. El certificado de antecedentes penales debe ser emitido por el país de origen o donde el solicitante haya residido durante los últimos cinco años.
Estarán exentos de presentarlo los niños y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
NO ES FÁCIL CONCRETAR LA REPATRIACIÓN DE PRESOS COLOMBIANOS
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el martes que estaba atento a todo el apoyo que el gobierno del Ecuador le solicite. A su vez, el presidente Daniel Noboa dijo que se coordinaba con Colombia la repatriación de 1.500 colombianos que guardan prisión en Ecuador.
Ante esto, las autoridades colombianas manifestaron que de darse lo que ellas consideran una expulsión sería una decisión unilateral de Ecuador.
En un comunicado oficial, Bogotá recordó que la repatriación de sus ciudadanos entre Colombia y Ecuador se rige por el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990. Y que ese convenio señala que la repatriación es un proceso individual, no masivo, que responde a criterios objetivos, “no a la simple voluntad de los Estados parte”.
Uno de los requisitos es que haya no solo una aceptación de los estados en cada caso sino también el consentimiento de los reos.
Juristas ecuatorianos explicaron en el diario El Universo, de Guayaquil, que hay dos procedimientos posibles. Uno para las personas que tienen sentencia condenatoria en firme y otro para las que no tienen sentencia.
Para los primeros se puede aplicar el Convenio de Estrasburgo y la Convención Interamericana de Cumplimiento de Sanciones en País Extranjero. Ambos instrumentos, sin embargo, requieren que el reo esté de acuerdo con el traslado y haya una aceptación formal de los estados, entre otros requisitos.
En el caso de quienes aún no tengan sentencia en firme lo que podría darse es una expulsión por decisión unilateral del Ecuador. Eso implicaría, básicamente, dejar a los reos en la frontera y que ahí queden libres.
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