DEMANDA CONTRA META: ‘LOS ANUNCIANTES NO DEBERÍAN CONFIAR SU PUBLICIDAD A PLATAFORMAS QUE NO RESPETAN LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS’
Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI) de España ha explicado la base de la demanda que 83 medios españoles han planteado contra la compañía tecnológica Meta, dueña de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, y a la que reclaman 550 millones de euros como resarcimiento.
Ella sostiene que no habría que esperar el resultado de la demanda para empezar a ver cambios, especialmente en el sector de los anunciantes, tanto públicos como privados, que no deberían confiar su publicidad a plataformas que irrespetan derechos ciudadanos.
En el tercer webinar organizado por EditoRed, desarrollado este miércoles 20 de diciembre de 2023 y que puede ver en este enlace con Canal Europa, Lanzaco ha explicado que “el derecho a la protección de datos personales forma parte indisoluble del derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, protegido por la Constitución española, que tiene naturaleza irrenunciable”. Y ese derecho, sostiene la AMI, ha sido vulnerado, como se explicará más adelante.
“Los anunciantes públicos y privados tienen la obligación de iniciar un proceso de reflexión para dirimir dónde quieren confiar su publicidad”, ha dicho Lanzaco. Esa decisión será observada por la sociedad. “Estamos en un momento en el que la sociedad no acepta comportamientos desviados. La sociedad pide a las compañías y a los agentes públicos un comportamiento correcto, respetuoso con los derechos de las personas. En este entorno no es razonable que se pueda ignorar lo que ha ocurrido en Europa”.
¿Y qué es eso que ha ocurrido?
LOS INGRESOS DE LOS MEDIOS SE EROSIONAN
Desde la llegada del Internet a los dispositivos móviles las compañías tecnológicas han conseguido tener a su disposicón todos los ingresos económicos provenientes de la publicidad digital, dejando para los medios de comunicación ingresos residuales. Eso ha provocado la reducción de recortes en las salas de redacción, cuando no su cierre. Recortes que son terribles para los periodistas despedidos, pero también para las casas editoriales que se ven obligadas a sacrificar su capacidad para generar contenidos porque ya no cuentan con la fortaleza económica para pagar a los periodistas que los crean.
Cuando Internet irrumpió, los medios de información fueron de los primeros en acoger esta nueva tecnología. Desde el inicio subieron sus contenidos a estas nuevas plataformas. De hecho, en España, los medios están en el segundo lugar en el ranking de los sectores económicos más digitalizados, solo por detrás de las mismas empresas tecnológicas.
Esos contenidos se subieron con acceso gratuito, con la intención de acceder a unas audiencias más amplias, y siempre desde el compromiso de informar a la sociedad. Se pensaba que, con audiencias mayores, habría anunciantes interesados en colocar ahí su publicidad y eso daría la sostenibilidad económica a los medios en este nuevo momento tecnológico. Las cosas no ocurrieron así.
LA PODEROSA PUBLICIDAD SEGMENTADA
“Ocurrió algo que no habíamos previsto”, reconoce Lanzaco. Las plataformas llegaron con la gran capacidad tecnológica de analizar el comportamiento de los usuarios a través de la red. “A partir de esta tecnología”, explica, “han sido capaces de dirigirse a los anunciantes para ofrecerles una publicidad segmentada; con esta capacidad de segmentación, de la que no disponemos los medios de información, las compañías tecnológicas son capaces de ofrecerles a los anunciantes unas audiencias que son muy cercanas a sus intereses publicitarios”.
Pero ¿es acaso ilegal vender publicidad segmentada? “No lo es”, aclara la directora de la AMI. “Lo que planteamos es que se respete las normativas necesarias para efectuar es venta. Y lo que la normativa europea dice es que para realizar un perfilado de datos personales de los usuarios -que es lo que hace posible la publicidad segmentada- se necesita tener lo que en derecho se denomina una base jurídico legitimadora de esa actividad, y en el caso de Meta esa base jurídica no existe”.
EL ANTECEDENTE QUE LO CAMBIA TODO
Hubo un hecho significativo que dio pie a que los 83 medios españoles asociados a la AMI planteen la demanda contra Meta.
En diciembre de 2022 y en enero de 2023, la Autoridad de Protección de Datos irlandesa dictó tres resoluciones de importancia capital. Irlanda es un paraíso regulatorio para las plataformas digitales; en ese país, que forma parte de la Unión Europea, Meta tiene declarado su domicilio oficial en Europa.
El 31 diciembre del 2022 aquella Autoridad dictó resoluciones contra Instagram y contra Meta. Al siguiente mes, emitió otra contra WhastApp. Sumadas las tres, supusieron una multa de 400 millones de euros. La infracción cometida estaba establecida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que había entrado en vigencia. Basado en él, las autoridades irlandesas determinaron que la compañía tecnológica ha estado vendiendo publicidad segmentada sin el fundamento jurídico que le habilitara para ello.
Y Meta solamente vende publicidad segmentada. “Eso permite concluir que el 100% de sus ventas publicitarias se han obtenido de manera ilícita”, afirma Irene Lanzaco.
Pero ¿por qué los medios reclaman el resarcimiento a su favor? Ella explica que “todo esto significa que Meta ha obtenido una ventaja competitiva a partir de una infracción normativa, conducta que está calificada por la Ley de Competencia Desleal española como una infracción que da lugar a una conducta de sanción y a un resarcimiento de los daños que ha producido en el mercado para sus competidores”.
Asegura que “es evidente que los medios españoles se han visto afectados en el momento en que la propuesta comercial de Meta, basada en el perfilado de la publicidad que comete una infracción normativa, ha privado a los medios de comunicación españoles de participar en unos ingresos publicitarios que, en condiciones ordinarias, habrían servido para financiar la actividad periodística”. Ese es el fundamento de la demanda.
LA PUBLICIDAD DEBE VOLVER A LOS MEDIOS, QUE CONSTRUYEN DEMOCRACIA
Sin ingresos publicitarios los medios de comunicación no pueden garantizar su sostenibilidad. Por eso, “la inversión publicitaria debe volver a los medios de comunicación, medios que construyen democracia, que construyen sociedad, que alientan la convivencia cívica”.
Lanzaco destaca que en los medios de comunciación existe conversación y responsabilidad, una responsabilidad que ocurre frente a las audiencias y frente a los tribunales de cada país. “Esto no ocurre en las redes sociales, que alimentan la irresponsabilidad, la confrontación, la polarización y están en la fuente de todos los problemas que la sociedad del siglo XXI está enfrentando”, afirma.
En ese aspecto, habrá que estar atentos a otra demanda que afronta Meta, una que interpusieron 35 estados de Estados Unidos, que denuncian que la compañía está diseñando sus productos de forma deliberada perjudicando la salud de los menores. “Es muy grave”, considera Lanzaco; “se conoce que los menores están teniendo acceso a las redes que les facilitan la mentira en cuanto a sus datos de edad (…), los menores están siendo expuestos a contenidos que son tóxicos para ellos porque hay una compañía que ha decidido monetizar los datos de los menores, incluso por debajo de los 12 años. Nadie puede permanecer indiferente. Los agentes públicos y privados tienen la obligación de repensar cuál es su modelo de relación con las redes sociales”.
¿QUÉ HA DICHO META ANTE LA DEMANDA DE LA AMI?
Nada, todavía. La demanda aún no ha sido admitida a trámite. El proceso puede tardar entre dos y tres meses en los tribunales españoles hasta que el caso recaiga en un juez específico, a partir de lo cual se deberá notificar y citar a la empresa para que responda.
Hasta ahora, la AMI no ha tenido ninguna conversación con directivos de esa compañía tecnológica. La Directora General cuenta que en el pasado intentó acercamientos por otro asunto. En esa ocasión solicitó a la empresa que explicara a los editores españoles cuál es su posición negociadora respecto a lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual de España en cuanto a que les sea reconocido un pago por el derecho de explotación de sus contenidos, que las plataformas usan para su beneficio comercial sin ningún acuerdo económico con los medios. En esa oportunidad la respuesta de Meta a los comunicados formales de la AMI fue el silencio, cuenta Lanzaco.
LOS EFECTOS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA
Si los medios de comunicación españoles ganan la demanda recibirán una compensación económica muy necesaria para asegurar su sostenibilidad. Necesitan ingresos para poder pagar a sus periodistas, a su red de corresponsales, para invertir en nuevas tecnologías digitales, para dar continuidad a su información y prestar el servicio a sus ciudadanos.
Pero, Lanzaco asegura que se busca que haya un efecto multiplicador, más allá de las fronteras españolas. “Esta demanda fue interpuesta por 83 medios españoles, ciertamente, pero no es solo de 83 medios españoles sino de todo el colectivo del ecosistema periodísticos, de personas que defendemos la actividad de los medios de información, que buscamos modelos sostenibles que garanticen las sobreviviencia de un periodismo de calidad, que sirva para transmitir al ciudadano información confiable, a partir de la cual pueda adoptar, desde el conocimiento, sus decisiones cívicas”.
La demanda de la AMI ha obtenido el respaldo de sus colegas españoles, incluyendo medios de radio y televisión. Las organizaciones periodísticas europeas también le han demostrado su apoyo e interés en el tema, apoyados además en las normativas que rigen a toda la Unión Europea, con instituciones comunitarias que se han mostrado activas para respaldar este tipo de demandas.
No han habido, por ahora, acercamientos de organizaciones de prensa de América Latina y Caribe, interesadas en similares iniciativas. Pero se espera que el desarrollo del caso pueda motivar a más instituciones a sumarse a la búsqueda legítima de modelos justos de sostenibilidad para un sector que es vital para la democracia en cualquier país.
Habría que analizar el marco jurídico de cada país y el comportamiento de la gigante tecnológica en cada jurisdicción, pero, dice Lanzaco, “es sensato pensar que habrá nuevos actores que repliquen iniciativas de naturaleza semejante. Porque es claro que META (…) ha creado un imperio de magnitudes económicas descomunales sobre la base de la apropiación y en su beneficio exclusivo de los datos personales de los ciudadanos, y esta es una conducta que debría tener una consecuencia”.
El presidente de EditoRed, Jesús González Mateos, afirma que estas charlas organizadas por la asociación de editore que preside, que reúne a medios de Europa y América Latina, bsuca extender el tema a más países, para que editores y periodistas de otras latitudes conozcan la situación y reconozcan posibilidades en el camino de mantener a flote a los medios informativos.
La Directora General de la AMI afirma: “Creemos que el valor de esta demanda excede la jurisdicción española y que es patrimonio común de todos los medios de comunicación y periodistas del mundo”.
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