EDITORED ALERTA SOBRE RIESGOS QUE SE ESCONDEN TRAS LA LLAMADA ‘LEY CONTRA EL FASCISMO’ QUE SE TRAMITA EN VENEZUELA​

Desde el respeto y la consideración hacia la legalidad internacional establecida y a la de cada Estado, la Asociación de Editores de la Unión Europea, América Latina y Caribe (EditoRed), comprometida con la democracia y los Derechos Humanos, tal y como se ha reiterado en la Asamblea celebrada el pasado día 21 en Bruselas (Bélgica), considera necesario alertar sobre determinados aspectos del articulado de la llamada Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares de Venezuela. EditoRed considera que desde el propio título y la redacción de determinados párrafos se puede llevar a engaño y/o encubrir intenciones que pueden significar riesgos para derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el derecho a un juicio justo, tal y como denuncian algunas asociaciones representativas de los profesionales de aquel país. Alertamos sobre esos aspectos sin dejar de condenar toda “actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo”, entendido como “Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista” o la “Doctrina del fascismo italiano y de los movimientos políticos similares surgidos en otros países”.

Más allá de esa condena a una ideología inaceptable, condena comúnmente defendida por todos los regímenes democráticos y Estados de Derecho, hacemos notar que la Ley que se tramita en Venezuela permitiría a los gobernantes y funcionarios prohibir y/o sancionar actos y acciones políticas que en casi todos los países son considerados legítimos y que son admitidas en los Estados de Derecho. 

EditoRed valora como especialmente graves aquellos aspectos de la Ley que pueden considerarse como amenazas específicas contra medios de comunicación, a los que según se desprende del texto propuesto pueden considerarse como amplificadores de determinadas ideas no definidas con precisión jurídica, lo que podría dar lugar a acciones contrarias a la libertad de expresión. Las sanciones contra los medios (Artículo 28) incluyen revocatoria de la concesión a los prestadores de servicios de radio y televisión.  En el caso de los medios electrónicos y de los medios impresos la sanción consiste en una multa “por la cantidad en bolívares equivalente a entre cincuenta mil y cien mil veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.   

EditoRed respalda la postura de los profesionales venezolanos que, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, considera que el articulado de la Ley limita el libre debate de las ideas y conduce a la autocensura de los medios. Existe también preocupación porque, en la práctica, pueden conculcarse garantías de juicios o procesos administrativos justos para las personas, las organizaciones políticas y sociales, y los medios, si bien la Ley señala que cada persona o institución tendrá derecho a un debido proceso.

EditoRed alerta a las instituciones, especialmente de Europa, de América Latina y Caribe para mantener una actitud activa y vigilante sobre la aprobación y eventual aplicación de la Ley venezolana y hace un respetuoso llamamiento a sus promotores para abrir un diálogo con las organizaciones sociales, políticas y gremiales, representativas, y muy en especial con aquellas que se han manifestado contra la propuesta legal tal y como está redactada.

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