LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA CAMBIA DE FRENTE ANTE EL INFORME SOBRE PEDERASTIA EN EL CLERO​

28 de noviembre de 2023

Casi un centenar de obispos españoles fueron convocados a Roma por el papa Francisco. Aunque no les amonestó por el informe sobre la pederastia del clero católico, los obispos españoles ya habían empezado a dar marcha atrás en sus críticas a las conclusiones sobre el tema.

En contra de los temores de los obispos españoles y de las predicciones de los medios de comunicación, su conferencia colectiva con el papa Francisco en Roma no fue una reprimenda por no dar cuenta de la pederastia del clero. El Papa habló con los obispos sobre una reforma radical de los seminarios católicos debido al descenso de las vocaciones sacerdotales en España.

Pero en las últimas semanas, y por insistencia del Papa, la jerarquía católica española ha suavizado su oposición a un reciente informe sobre los delitos sexuales del clero católico en las últimas décadas. El informe fue anunciado por el defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo, a finales de octubre, tras una investigación de año y medio encargada por el Parlamento de ese país.

Al principio, los obispos españoles tacharon el informe de poco fiable e incluso de mentira. Sólo al cabo de unas semanas, probablemente debido a la intervención del nuncio papal en Madrid, empezaron a cambiar de tono.

LA IGLESIA ESPAÑOLA VIO EL INFORME COMO UN ATAQUE

El informe abarca las últimas décadas. Incluye una lista de casos documentados de violaciones y abusos sexuales por parte del clero católico y una proyección basada en una encuesta realizada a 8.000 adultos españoles de entre 18 y 90 años.

El Defensor del Pueblo documentó alrededor de 1.500 víctimas de abusos sexuales por parte del clero católico. A su vez, la encuesta mostró que alrededor del 11% de los adultos españoles había sido víctima de abusos sexuales durante su infancia. Un tercio lo había sufrido en su propia familia. Las instituciones eclesiásticas representan en este estudio alrededor del 1,13% de la población adulta actual, es decir, más de 400.000 personas.

El Defensor del Pueblo también estigmatizó la resistencia de la jerarquía católica a la investigación de la comisión (20 de las 70 diócesis se negaron a cooperar y sólo tres dieron respuestas exhaustivas basadas en sus propios archivos).

Sostuvo que los obispos no llevaban estadísticas sobre pederastia, ignoraban las denuncias de las víctimas, las despedían con un cheque en blanco, encubrían los casos denunciados y protegían a los sacerdotes.

«Algunos obispos ignoran todo el problema de la pederastia y los abusos sexuales del clero porque están más preocupados por el bienestar de la institución que por el bienestar de las víctimas», escribió el portavoz. «La reacción de la Iglesia ha sido negar o restar importancia al problema”.

En particular, los obispos españoles rechazaron un estudio sociológico sobre el número global probable de víctimas de pederastia.

«Expresamos nuestra decepción ante la dudosa credibilidad del estudio, que no podemos aceptar, (…) los datos son exagerados (…). Los periodistas pretenden difamar a la Iglesia», proclama el comunicado de los obispos.

A su vez, el cardenal Juan José Omella, presidente del episcopado, declaró que los medios de comunicación difundían deliberadamente «una mentira calculada para engañar a la opinión pública».

LOS OBISPOS CAMBIAN DE FRENTE

Al cabo de unas semanas, la resistencia de la jerarquía amainó. El 18 de noviembre, el papa Francisco anunció en Roma que «cualquier silencio y ocultación de los abusos sexuales del clero es inaceptable y no negociable».

Y cuando hace una semana el nuncio papal en España, Bernardino Auza, confirmó en la apertura de la conferencia plenaria episcopal española que no habría tolerancia con los pederastas, los obispos cambiaron de frente.

«Ante esta realidad [de la pederastia], expresamos sin ambages nuestro dolor, vergüenza y pesar», anunciaron los obispos.

El cardenal Omella anunció que «la Iglesia pide perdón a las víctimas», «se compromete a rendir cuentas», que «cooperará con las investigaciones» y se ocupará del pago de las reparaciones, a lo que antes se había opuesto o había dado largas al asunto. En concreto, el Episcopado anunció inesperadamente que la Iglesia, «si obtiene la convicción moral de que se ha producido un delito», pagará reparaciones a todas las víctimas, incluidas aquellas cuyo abusador sexual ya no esté vivo.

Hasta ahora, la Iglesia sólo ha pagado indemnizaciones a las víctimas en casos juzgados por la justicia y sin publicidad. Según el informe de un portavoz, siete de las 70 diócesis las han pagado, y el diario El País descubrió que el total ascendía a 2,1 millones de euros (de unos cientos a 73.000 euros por persona) pagados a 230 víctimas de agresiones sexuales por parte de 53 clérigos.

Sin explicaciones ni sanciones eclesiásticas, la mayoría de los casos de encubrimiento de pederastia y de protección de clérigos por parte de sus superiores permanecen al descubierto.

Según documentos eclesiásticos citados por el Papa, de los 63 obispos culpables de encubrimiento en los últimos 70 años, 31 siguen vivos, 11 están en activo y siete son miembros de la conferencia episcopal. Entre los culpables de encubrir a clérigos pederastas se encuentran el cardenal Carlos Osoro, los obispos Jesús Sanz, Braulio Rodríguez y Francisco Cerro. Ninguno de ellos se ha enfrentado a consecuencias.

SIGUE SIN ESTAR CLARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL ENCUBRIMIENTO

Aunque este martes no se ha celebrado en Roma una rendición de cuentas por la pederastia, la convocatoria del Papa a todo el episcopado nacional español a Roma tiene un precedente en 2018, cuando Francisco I convocó a todos los obispos de Chile y les obligó a dimitir. Luego aceptó la renuncia de algunos.

En ese momento, la ira del Papa acababa de desatarse por un escándalo público sobre los delitos sexuales del clero católico chileno y su encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía. El Papa envió primero a Chile a sus propios fiscales canónicos y, tras leer su informe, llamó a filas a todo el episcopado, les obligó a colaborar con la justicia, exigió su dimisión y ordenó una purga de la jerarquía.

La responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia española por no perseguir a los sacerdotes culpables, encubrir sus delitos y moverlos dentro de las instituciones eclesiásticas para que desaparecieran de la vista de todos sigue en entredicho. El Defensor del Pueblo aún no ha presentado su informe, ya entregado a la Iglesia, al Parlamento.

A diferencia de Portugal, Alemania o Francia, donde comisiones independientes investigaron la pederastia del clero y los episcopados colaboraron con ellas, en España no hubo ni hay tal comisión. La Iglesia católica se opuso a ella.

Maciej Stasiński, periodista polaco, es el Jefe de la sección Internacional del diario Gazeta Wyborcza. Es asociado de EditoRed.

Este artículo fue publicado originalmente en el diario polaco Gazeta Wyborcza, con cuya autorización se reproduce aquí. 

En este enlace puede revisar el texto original en polaco.