PORTUGAL: ¿EL VÉRTIGO DEL ABISMO O LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR DE VIDA?​

La Fiscalía de Portugal anunció la apertura de una investigación judicial sobre la supuesta «intervención para desbloquear procedimientos» del Primer Ministro portugués, António Costa. En el proceso se registró su residencia oficial, se detuvo a su jefe de gabinete y a un amigo íntimo, y ambos fueron imputados, junto con el Ministro de Infraestructuras.

Costa tomó la única medida que puede tomar una persona digna: decidió rápidamente y dimitió. Merece la pena subrayar la dignidad de este gesto, ya que no es una cualidad muy de moda en la vida política de estos días. Además, la sensibilidad y la sensatez mostradas por Costa en este momento crítico se han utilizado con menos frecuencia en el año y medio que lleva al frente de un Gobierno con mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se ha convertido en el factor de estabilidad política que nunca consiguió en los seis años y dos gobiernos anteriores. Irónicamente, ha sido ese «seguro de vida» el que parece haber contribuido a que el líder del Gobierno haya bajado la guardia en los asuntos internos, dedicando más tiempo a los grandes temas de la Unión Europea y menos a la gestión de su Partido Socialista y a la agitación de los delfines políticos dentro de su propio Ejecutivo.

No fue el desgaste de ocho años en el poder lo que hizo caer al Gobierno. Tampoco fue una oposición alternativa, que no existía. Lo que derribó al Gobierno fue una investigación judicial sobre prácticas sospechosas en torno a las concesiones para la exploración de litio y la producción de hidrógeno y una declaración del Ministerio Público.

El foco de atención del día siguiente apunta sólo en dos direcciones. La Fiscalía General, que supervisa y dirige la investigación penal, y el Presidente de la República, responsable de promover un nuevo gobierno a partir de la misma mayoría parlamentaria (absoluta) o de convocar nuevas elecciones generales.

JUSTICIA LENTA Y JUSTICIA MEDIÁTICA

Portugal no está en una «Operación Manos Limpias» como la Italia de los años 90, donde el trabajo de los jueces llevó a la decapitación del poder político y a un largo período de gobiernos cortos, a veces populistas, a veces formados por tecnócratas de salvación nacional. Portugal tampoco está inmerso en un «Lava-jato» promovido por una República de Jueces que encarcela, libera, elige y derroca presidentes, como Brasil en los últimos años.

Portugal tiene un sistema judicial complejo y bloqueado, con megacausas que se alargan durante años -a veces décadas- y que más a menudo acaban en prescripciones y sobreseimientos que en condenas y esclarecimientos. Los raros casos de encarcelamiento real como resultado de casos de corrupción son excepciones a la creencia popular en la impunidad generalizada de los «ricos» y «poderosos».

El país vive en una vorágine incontrolada e implacable de destrucción del buen nombre y la credibilidad tanto de cargos públicos como de ciudadanos de a pie, con o sin culpa fundada y juicio respetable. No en los tribunales, como debería ser, sino a través de sucesivos y sumarios casos de juicio popular (¡por televisión, claro!), que destruyen personas, decapitan capitales y empobrecen al país. El verdadero sistema judicial, en la mayoría de las ocasiones y ya sea por falta de pruebas, de medios o de competencia, no imparte justicia.

Antes de la dimisión de António Costa, hace apenas una semana, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia afirmó en una entrevista que «la corrupción está muy extendida en Portugal y tiene una expresión muy fuerte en la administración pública. Esto no es sólo una percepción, ¡es una certeza!». En resumen, en este ámbito como en otros, Portugal no puede permitirse poner en peligro con frecuencia su imagen y su reputación exterior.

La realidad no ayuda. Ya tuvimos a un ex Primer Ministro -el socialista José Sócrates, detenido durante unos meses- siendo investigado durante casi diez años sin juicio, y ahora tenemos a un Primer Ministro en ejercicio teniendo que dimitir por estar implicado en una investigación judicial.

TRANSPARENCIA Y SERIEDAD

Los portugueses a veces tienen dudas, pero Portugal es un Estado de Derecho. Sin embargo, debería mostrar mayores similitudes, en términos de solidez, modernidad y credibilidad, con otros Estados de Derecho. No basta con proclamar que «nadie está por encima de la ley».

Para que esto ocurra realmente, es imprescindible que la Fiscalía General se dé cuenta de la extrema delicadeza del momento actual. Es obligatorio que la investigación judicial avance y es necesario que la investigación que apunta al Primer Ministro sea transparente (con la divulgación de todos los elementos que puedan hacerse públicos sin perjuicio de la investigación y de los derechos de la defensa). Es inevitable que las conclusiones -acusación o destitución- sean rápidas. Acusatorias o desestimatorias, tan rápidas como debería ser una investigación en un foro privilegiado y exclusivo como el reservado a la tercera figura de la nación (la ley establece que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia llevar a cabo una investigación sobre el Primer Ministro).

Si el resultado es una acusación sostenida e inequívoca, la situación es muy mala, pero la justicia ha funcionado. Si la conclusión del caso de António Costa es que debe ser archivado, la situación es muy mala. Porque entonces concluiremos que la justicia no funcionó correctamente y llevó a la dimisión de un Primer Ministro y a la caída de un Gobierno sin pruebas suficientemente serias, sólidas y ciertas.

En un Estado de Derecho sólido, la Fiscalía no puede permitir que los ciudadanos admitan siquiera que una investigación penal contra un Primer Ministro, que condujo a su dimisión, se abrió a la ligera.

LA CRUCIAL DECISIÓN DEL PRESIDENTE

El foco sobre el Presidente de la República, por ser de naturaleza constitucional y política, es tanto más decisivo para el futuro del país. Lo que se espera de Marcelo Rebelo de Sousa es que, haciendo uso de su inteligencia y sabiduría, tome las mejores decisiones posibles. En un contexto de crisis en el que, por definición, no hay soluciones perfectas.

El Presidente puede pedir al partido que tiene mayoría absoluta en el Parlamento que presente un nuevo candidato a Primer Ministro, o puede disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas. Si lo hace, será importante saber cuándo. ¿Dará o no a los socialistas tiempo suficiente para reorganizarse, encontrar un sustituto para António Costa y preparar un programa capaz? Y, según la fecha que fije, ¿favorecer o perjudicar las posibilidades de los partidos de la oposición, teóricamente mejor preparados para acudir a las urnas a corto plazo?

En Portugal, como en muchos países europeos -del Mediterráneo al Báltico-, existe un problema creciente con el peso electoral de los partidos extremistas, antisistema y populistas. El vaciamiento del centro no es una cuestión nueva ni inesperada, pero desde las elecciones de 2015 ha adquirido una dimensión inevitable: ya no es posible formar mayorías parlamentarias sin el apoyo de los radicales. Ya sea con los diputados de extrema izquierda que hicieron posibles los gobiernos socialistas de 2015 a 2021. O, como muestran las encuestas, con el apoyo de la extrema derecha a un Gobierno liderado por los socialdemócratas del PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa es un demócrata excepcional, un garante del valor de la libertad y un ejemplo de humanismo socialcristiano. Como tantos otros moderados, está preocupado por el escenario en que vivimos. Y no pasará a la historia como el presidente que inauguró un gobierno formado o apoyado por partidos que ponen en peligro la estabilidad del régimen y del modelo democrático. Mucho menos en un momento en el que tenemos una guerra en Europa, una guerra en Oriente Medio y un marco internacional de tensión, imprevisibilidad y alto riesgo.

Marcelo hará todo lo que esté en su mano para evitar el caos y el desorden. Por lo que respecta al presidente, no veremos en Portugal imágenes parecidas a las de las rondas negociadoras de los socialistas españoles con representantes de movimientos condenados (por los tribunales y en casos completamente claros) por terrorismo y secesión, ni disturbios similares a los levantamientos populares contra las sedes del PSOE, que han reunido a miles de indignados en las calles de Madrid para manifestarse contra la amnistía tramada para permitir que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno.

LA SOLUCIÓN DEBE ENCONTRARSE EN EL CENTRO POLÍTICO

En 2024 se cumplen 50 años del 25 de abril de 1974. La revolución puso fin al régimen autoritario del Estado Novo y trajo consigo la esperanza de libertad, democracia y desarrollo para Portugal. Aunque los llamados logros de abril son indiscutibles, también lo son muchos de los fracasos espectaculares del régimen actual. Hay una crisis dramática y un bloqueo estructural en sanidad, educación, vivienda y justicia social. No hay plan. El conformismo inamovible, el aplazamiento de las opciones estratégicas, los callejones sin salida dictados por el miedo a tomar decisiones y el peso de las corporaciones, el debilitamiento de las instituciones, la debilidad de los servicios públicos, el envejecimiento demográfico, la desertización del interior, la pérdida de autoridad del Estado, la escasa participación ciudadana y el desinterés de los ciudadanos por la política son las señas de identidad que han heredado los hijos y nietos de la revolución y que tienen que gestionar en estos casi 50 años transcurridos desde el 25 de abril.

La solución, después de las elecciones o incluso antes, puede y debe encontrarse en el centro político. La salida a la gravedad del momento, en el que el descrédito de los políticos ha alcanzado un nivel inimaginable y la confianza en la justicia está muy dañada, la tienen que dar los principales partidos fundadores del régimen: PSD y PS. Idealmente mediante la apertura y la incorporación de democristianos, liberales y progresistas moderados. Deseablemente a través de un gobierno de transición y sobre el modelo de un «ejecutivo de ejecutivos», que permita al Estado ejecutar los miles de millones de euros de financiación del Programa de Recuperación y Resiliencia, y al mismo tiempo llevar a cabo el conjunto de reformas obligatorias, no sólo para modernizarse y desarrollarse, sino también para hacer posible un futuro digno para Portugal. Hay una enorme cantidad de dinero para invertir en ese futuro. A diferencia de los fondos, ésta no debe ser otra oportunidad perdida.

La respuesta, por iniciativa propia o a instancias del Presidente, está en una coalición de interés nacional y en un programa de cambio profundo para el país. En el centro, con los partidos. Un movimiento inclusivo pero decidido. Pragmático, práctico, realista. Para vender la TAP (principal aerolínea de Portugal) , elegir un emplazamiento para el nuevo aeropuerto de Lisboa y poner en marcha el plan ferroviario nacional. No necesariamente en contra, sino indiferente y ajeno a las políticas y propuestas demagógicas, irrealistas e insostenibles procedentes de los extremos. Un gobierno de transformación no anclado en el uso de los senadores relevantes pero conservadores del régimen. Hace falta un gobierno de una nueva generación de líderes, gente de los partidos y de las instituciones, pero también de las empresas, de las universidades y de las asociaciones. Gente nueva, con mundo, sin dependencias, miedos ni ataduras. Con amor por Portugal y voluntad de hacer, cambiando el paradigma del país.

Empezar por devolver a Portugal a una senda de normalidad, credibilidad y confianza sería quizás la única forma digna de celebrar el 50º aniversario del 25 de abril.

Jorge Afonso Morgado, periodista portugués, consultor de comunicación.

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