CIDH DICTAMINA QUE LA CORTE VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN AL SANCIONAR A ABC
Por Hugo Ruiz Olazar / ABC Color
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó esta semana que la Corte Suprema del Paraguay violó los derechos humanos al castigar a ABC a pagar una millonaria indemnización (en 2005) a favor de Juan Carlos «Calé» Galaverna, un intocable impune de los gobiernos colorados, al que se adjudica un misterioso poder para poner de rodillas a funcionarios, políticos, fiscales, jueces y ministros de la Corte de nuestro país. César Coll, asesor jurídico del diario, explica en esta entrevista los pormenores de este caso.
– ¿Qué alcance tiene la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda al Estado paraguayo a rever la condena que sufrió el director de Abc?
– El Estado debe cumplir con las recomendaciones y reparar de inmediato el quebrantamiento del derecho humano a la libertad de información y prensa. No debemos olvidar que aquel daño ocasionado por el arbitrario fallo contra ABC de la Corte fue catastrófico.
– Ese fue el caso «Calé Galaverna», al que increíblemente los mandamases de los gobiernos colorados le rinden pleitesía…
– Numerosos políticos y funcionarios públicos investigados por actos de corrupción quisieron acallar la voz de la prensa amparándose en el nefasto precedente (Galaverna) y querellaron a diestra y siniestra al diario. Por suerte, no todos actuaron como aquellos (jueces y ministros) que condenaron al señor Aldo Zuccolillo. Es más. Fueron más los magistrados que entendieron la importancia y valor de la libertad de información para la vigencia de la democracia que aquellos que usaron la pluma para atacarla.
– ¿Cuántas querellas tuvo que soportar el director en esa época nefasta del régimen que se impuso al estilo stronista, de González Macchi, los Argaña, y porqué no, Wasmosy en su último tramo?
– En un momento dado llegaron a 17 acciones penales tramitadas casi simultáneamente.
– ¿Galaverna tiene que devolver a Abc la plata que le sacó (754 millones de guaraníes) con ayuda de esos jueces y ministros de la Corte genuflexos? La Corte también se embolsó otros 754 millones…
– El que cometió la arbitrariedad fue el Estado si bien el querellante era un hombre políticamente influyente…
– De menesteroso a millonario…
– Para la Comisión (de Derechos Humanos) los que violaron la Convención Americana y la Constitución Nacional fueron magistrados y recomienda dejar sin efecto la sanción contra el señor Zuccolillo y celebrar un acto público en homenaje a su memoria y compensar a su familia. Insta a despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injuria cuando el ofendido sea una persona pública…
– ¿Cómo se podía ejercer la defensa en tiempos tan tenebrosos? Estos inescrupulosos manejaban el Poder Judicial a su antojo…
– Fueron años muy duros sin duda, en particular para el diario y algunos periodistas. Un claro ejemplo fue tu caso Hugo en el cual, aprovechándose del estado de excepción (en mayo de 2000) decretaron tu detención porque sostenían que tus publicaciones apoyaban un intento de golpe de estado. Jamás se efectivizó tu detención fundamentalmente por que el señor Zuccolillo hizo que te asiles en el diario y se quedó también él a pernoctar, vos en la Redacción y él en la Dirección durante semanas…
– Walter Bower (entonces ministro del Interior) amenazaba con atropellar…
– No se animaron. No se atrevieron a entrar. Sabían que estaban cometiendo una arbitrariedad que ya acaparaba la atención de la opinión pública internacional. La justicia no hizo lugar al habeas corpus que promovimos. La condena al señor Zuccolillo hay que circunstanciarla en ese espacio y tiempo para entender decisiones de algunas personas, de la cual estoy convencido, obraron contra su verdadero parecer.
– Mandaban pandillas al estilo (Nicolás) Maduro para agredir. La policía desaparecía…
– Me acuerdo del hostigamiento y apedreamiento a invitados en la fiesta aniversario de ABC…
– Manoseaban hasta a las mujeres, golpeaban a sus parejas cuando trataban de defenderlas. Ni los diplomáticos se salvaron en aquella fiesta…
– Recuerdo al Dr. (Gerónimo) Angulo Gastón (asesor jurídico de ABC) llamando al fiscal de turno. «Presente la denuncia mañana por escrito», le respondía cortante…
– ¿A quién se podía recurrir si todo el establishment estaba en su poder? Para colmo, marearon a los opositores con ministerios y zoquetes que les arrojaron con el cuento de la «Unidad Nacional»…
– Pero yo tengo que hacer la salvedad. No todo fue ni es negro en el ámbito de la justicia. Tuvimos en la mayoría de los casos grandes jueces y juezas a los que no les tembló la mano para aplicar la doctrina de la real malicia, haciendo una especie de test de convencionalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos.
– ¿Cómo cuáles?
– Recuerdo el caso de la investigación de las obras (fantasmas) denominadas «empedrados chinos» (400 millones de dólares). Terminaron con una sentencia absolutoria donde la Dra. Alba González aplicó la doctrina de la real malicia. Similar conducta tuvo el Dr. Silvio Reyes ante una querella por publicar la foto de un político con mas de 100 cedulas en su manos en una escuela donde se realizaban comicios públicos. También, en el ámbito civil, la Dra. Marlene Ruiz Diaz frenó las intenciones del ex presidente Wasmosy de cobrarle a Abc una indemnización de 10 millones de dólares por publicaciones de Mabel Rehnfeldt y Nacha Sánchez aplicando el test de la real malicia. Es más, hace poco en un fallo brillante, la Dra. Mesalina Fernández no dio trámite a una querella similar a la de Galaverna aplicando los estándares internacionales de la CIDH y la Corte Interamericana. Esta querella ya fue contra la directora, Natalia Zuccolillo. Recientemente, el Dr. Ramírez Candia tomó en consideración de funcionaria pública a la señora Marta González (exviceministra de la SET) para ratificar la absolución de la directora de ABC Color.
– Se castiga a los Estados, el peso recae en los contribuyentes otra vez. ¿Por qué no los responsables materiales aprovechados del poder?
– El Estado tiene la acción de repetición contra ellos. Debe ejercerla. Es función de la Procuraduría General de la República. Del monto pagado, para Galaverna fue la composición y para el Estado la multa. En ninguna parte, estos ministros inescrupulosos (Oscar Bajac y Alicia Pucheta entre los sobrevivientes) consideraron que la libertad de prensa y de expresión están garantizados por la Constitución.
– ¿Qué se puede entresacar de ese fallo tan aberrante?
– Se aplicó una composición pese a que no fue requerido por el querellante al formular su escrito conclusivo. El entonces senador y su abogado debieron señalar cuál es la pena que a su criterio merecía el querellado. Jamás requirieron pena privativa de libertad ni composición. Otro punto. Al momento de publicarse las noticias que supuestamente agraviaban el honor y la reputación de Juan Carlos Galaverna, regía el Código Penal de 1910 de autoría del doctor Teodosio González. Sin embargo, tanto en Primera y Segunda Instancia, como la propia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, aplicaron el Código Penal de 1997 que entró a regir en 1998, en fecha posterior a las publicaciones que fundamentaron la acción penal privada…
– ¿Pisotearon los códigos para complacer a Galaverna?
– La Corte se encargó de distorsionar y transgredir el principio de la ley más favorable al enjuiciado, una ley que le sea penalmente menos gravosa. La Corte incurrió en una grave violación a los principios de Legalidad y de Irretroactividad de la Ley Penal. Jamás Galaverna Delvalle requirió que se aplique al querellado una pena adicional de composición ni de publicación de la sentencia. Sin embargo, la Corte, supuestamente integrada entonces por personas versadas en materia jurídica que debieran haber sido imparciales, objetivas e independientes ni siquiera tuvieron el suficiente ingenio para otorgarle al acusador privado la verdadera dádiva que implicó el pago de una millonaria suma en concepto de supuesta composición, cuando que al igual que la publicación de sentencia, esta sanción no fue requerida en todo el proceso por el acusador privado. Los miembros de la Corte otorgaron al acusador privado todas sus pretensiones, aún aquellas que no habían sido expresamente planteadas y pese a que esta grave inconducta implique el quebrantamiento total e irremediable de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y demás disposiciones legales de inferior jerarquía.
– ¿Porqué tardó tanto la Comisión Interamericana en pronunciarse, por una injusticia que se cometió hace más de 20 años?
– Estimo que es por exceso de trabajo y limitación de funcionarios. Otro fundamento no encuentro. También hay que tener en cuenta que varias veces se suspendió el proceso dado que se dieron acercamientos de las autoridades buscando un acuerdo reparador…
– Con el director no había vueltas…
– En este caso, el señor Zuccolillo fue tajante al sostener que si no se derogaban los delitos de los que fue acusado: difamación, calumnia e injuria para el ejercicio del periodismo, cuando se trataba de temas de interés publico o refería a personas públicas, él no aceptaba ningún acuerdo.
– ¿Cómo es posible combatir gobiernos con poder omnímodo si hay que esperar décadas para que actúe la justicia internacional?
– Es una deuda de la democracia y de los organismos internacionales que velan por su protección. La justicia que llega tarde no es justicia. En este caso llega tarde en lo referente a la vida del señor Aldo Zuccolillo (falleció el 14 de julio de 2018) pero su legado llega a tiempo. El hecho de que se despenalicen los delitos contra el honor cuando las publicaciones versan sobre temas públicos demuestra que su lucha por la libertad sigue encendida como lampara votiva, una llama permanente que nunca se apaga.
– ¿Porqué ABC tiene siempre tantas querellas encima? Stroessner le clausuró cinco años. Volvió a circular solo después de su derrocamiento en 1989. Perifoneros del Gobierno lo acusan hoy de atacarlo como una extorsión a cambio de negocios…
– ABC siempre hizo del periodismo de investigación y de opinión un estandarte. Ese periodismo molesta, inquieta a los que manejan el Gobierno. Les incomoda rendir cuentas de sus obligaciones. Entonces buscan en la querella amordazar, atemorizar…
– En países como Venezuela consiguieron fundir a la prensa…
– Me acuerdo del famoso decreto que clausuraba Abc (en 1984). Zuccolillo se negó a revelar el nombre de un periodista (Edwin Brítez) que le hizo una entrevista al político Miguel Ángel González Casabianca. El director fue detenido y remitido al penal de Tacumbú. Al asumir, (en 1989) el presidente Rodríguez levantó la suspensión que pesaba sobre ABC, que ya llevaba cinco años. Me acuerdo que yo recibí la notificación del decreto que permitía volver a circular en las calles. Cuando la corrupción es el pan nuestro de cada día y los medios la desenmascaran, obviamente que los molestos arguyen que la prensa quiere dirigir gobiernos y que por eso publican. Ese argumento menosprecia la inteligencia del pueblo…
– ¿Le desgastaban al director tanta presión, tantas querellas?
– Las querellas no le desgastaban en lo más mínimo. Le apasionaba defender la libertad de expresión y de prensa. Es más, hubo querellas que le hacían feliz porque en el ejercicio de la defensa se pedían informes que contenían datos que de otra manera no se pudieron haber conocido. Me acuerdo el caso de los «empedrados chinos». Se ordenaron pericias que jamás se hubiesen logrado sin la querella. Confieso que en algunos casos hubo temores como en el juicio por la querella de Galaverna. Fuerte era el rumor de que se iba a presentar una notificación voladora (falsa) para que se produzca la incomparecencia de Zuccolillo al no enterarse de la audiencia para luego decretar su detención. Instalamos una persona 24/7 en el Juzgado para evitar eso.
– Todo tenía olor a trampa detrás de ese personaje…
– Los funcionarios en general rinden cuentas tarde o temprano, les guste o no. La prensa es solo un medio que canaliza las inquietudes ciudadanas. Ante la falta de cuentas claras aparece y resalta la voz de los periodistas. Para eso está la prensa, para investigar y difundir las evidencias y las contradicciones. En un sistema de escasos o nulos medios indirectos de participación ciudadana (plebiscito, Referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato) la prensa independiente, libre, cumple un rol social esencial. Sin prensa libre no hay pueblos libres. Eso es claro.
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Esta entrevista se publicó originalmente en ABC Color, con cuya autorización reproducimos aquí.